André Grimblatt H.
Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Paris-Sorbonne. Analista internacional y consultor senior en temas de estrategia y de comunicación
corporativa. Participa en el programa informativo Cable y Tierra de Radio
Valparaíso. Rector del Centro Internacional de Altos Estudios (CINAE).
No existe plena democracia sin control ciudadano. Y cuando nos referimos a los ciudadanos, queremos especificar que se trata de un control ejercido por los ciudadanos mismos y no necesariamente por sus representantes, electos o no. Aunque parezca demasiado teórico o simplista, los representantes de los ciudadanos tienen funciones de legislatura a la que, si se dedicaran más a menudo, tendrían los países como el nuestro, leyes más eficientes y más coherentes para combatir el crimen organizado, por dar un mero ejemplo, entre los que se encuentran, en primer lugar, la educación, la salud y la vivienda.
No son buenos controladores los parlamentarios o “fiscalizadores” como los denomina la Constitución chilena, porque, en general, están comprometidos con el gobierno o con la oposición, lo que determina o genera su postura en cada uno de los asuntos de Estado que les corresponde controlar. Tampoco lo es la Contraloría General de la República, a pesar de sus últimas apariciones, como estrella hollywoodense, heroína de la Nación, en la medida en que su acción es determinante para la adopción y el cumplimiento de las leyes y decretos, pero sólo en lo que se refiere a la legalidad de las decisiones ejecutivas y administrativas del país, así como el uso de los bienes públicos que el Ejecutivo o los gobiernos regionales y comunales deben administrar.
A ambos casos, Poder Legislativo, cuando actúa como “fiscalizador” y Contraloría, pudiéndose agregar el Tribunal Constitucional, que actúa como instancia jurídica tras alguna denuncia emanante del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, no pudiendo en general autoconvocarse frente a algún tipo de falencia constitucional que pudiere surgir en la República. Actúan de manera penal, castigando a los gestores de una ley incorrecta o, simplemente, anulando la aplicación de dicha ley.
Por consiguiente, el sistema de control o, mal llamado, fiscalización, se ejerce con un claro protagonismo de lo político y de lo financiero, sin que figure entre los criterios el imperio de la ley, el interés ciudadano o el bienestar de los habitantes de esta larga y angosta faja de tierra con vista al mar.
No existe en la legislación constitucional chilena un tipo de control ciudadano. Es más, cuando el ciudadano ve o estima que sus derechos han sido violados, sólo le queda la opción de dirigirse a la superintendencia correspondiente y solicitar una mediación, la que en la mayoría de los casos se prolonga por años y no llega a ninguna conclusión, sobre todo por el tiempo transcurrido entre el inicio y el final del imperecedero proceso.
Sin embargo, es el ciudadano quien paga de su propio bolsillo, por ende, de su trabajo, a las autoridades que año tras año se turnan para gobernar y administrar la república, elegidos por sufragio universal o nombrados por la autoridad según lo indica la ley.
En algunos países existe la posibilidad ciudadana de presentar proyectos de ley, como es el caso de varios países europeos. En otros, existe el control de las agencias y empresas estatales por medio de la participación ciudadana en el Directorio de éstas, lo que permite no sólo que representantes de la ciudadanía puedan expresarse sobre las decisiones que se toma, sino que, además, puedan emitir su voto en favor o en contra de estas, además de informar a sus pares sobre lo que se está haciendo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la nación.
De manera que, en temas de participación ciudadana, se destaca el caso de Suiza. En dicho país, el Poder Legislativo, cuya única función es, como su nombre lo indica, legislar, es ejercido por los ciudadanos. Esto implica que cada ciudadano mayor de edad debe acudir a los locales de votación, prácticamente todos los domingos, para pronunciarse por un sí o por un no en relación con los proyectos de ley presentados por el ejecutivo. A su vez, cada individuo puede presentar proyectos de ley, debidamente avalados por un número establecido de conciudadanos. Dichos proyectos de ley son sometidos a votación popular, para ser aprobados o rechazados.
Muchos pensarán que este sistema legislativo podría prestase para exageraciones e incluso aberraciones. Sin embargo, desde su puesta en marcha, los ciudadanos suizos han mostrado una clara madurez política, a menudo mejor desarrollada que los legisladores electos de muchos países democráticos del mundo. Inútil es subrayar que nuestro nivel o grado de educación cívica está muy por encima del que conocemos aquí en nuestra “copia feliz del Edén”.
Dados estos ejemplos, que no constituyen la totalidad de los casos que se haya podido observar; se puede enunciar en el caso chileno de que no hay, en realidad, un eficiente sistema de control, ni político ni ciudadano; lo que ha llevado a las instituciones y a quienes trabajan en ellas, como profesionales o como responsables electos, a un importante descrédito, que los ha alejado de manera drástica de la población que los eligió.
En todo caso, según lo observado, el control ejercido por el Poder Legislativo, obedece a criterios estratégicos y políticos, mientras que el control ejercido por el ente contralor o por el Tribunal Constitucional obedece al absoluto apego a la ley. Ninguno de los controles citados, que funcionan en nuestro país obedece al estricto interés de los ciudadanos, de los barrios, de las comunas o de las regiones, cuyos fines, en general, obedecen a la noble tarea de vivir más y mejor.
Eso implica reglas claras y que sean cumplidas por todos, sin excepción. Y es importante que se considere que pocos saben más sobre la materia que los propios ciudadanos, quienes deben enfrentar cotidianamente las realidades de los países, ya sea para educar a sus hijos, ejercer alguna ocupación, velar por la salud de la familia, mejorar el hábitat, entre otras.
No es simple encontrar estructuras de participación ciudadana, ya que asistimos a una etapa en que la población, en general, se siente saturada por los temas políticos y de administración de las naciones. Pareciera que la gente busca vivir su vida en las mejores condiciones posibles y evitar, en todo sentido, la interacción con otros individuos o grupos de individuos. El instinto gregario del humano se ha reducido, a la vez que aumenta el instinto de convivir de manera familiar con otras especies del Reino Animal.
Sin embargo, la participación ciudadana se ha transformado en una urgencia de primer orden. Es la única que aparece hoy capaz de terminar con los enormes desfalcos de los que ha sido víctima el aparato estatal, no sólo en Chile, sino que en la casi totalidad de los países del mundo. ¿Cómo instalarla en un país donde un importante porcentaje de habitantes nació y creció en un sistema dictatorial? Sin duda no es tarea fácil. Tampoco es coherente esperar a tener una población nacida en un 100% en régimen democrático, porque dicho régimen no se ha desarrollado aún en totalidad en el caso de Chile.
Sin duda que la manera de dar los primeros pasos reside en el desarrollo de la participación ciudadana a nivel de las municipalidades. Para tal efecto, es importante que un grupo de ciudadanos, cuyo número de participantes debiera ser determinado y creciente, participe como observadores y oyentes en las reuniones del Consejo Municipal de su comuna. De esa manera, sin derecho a voto ni a opinión, dichos ciudadanos podrían informar a la población de la comuna sobre las irregularidades que pudieren existir.
Esta misma estructura debiera ser creciente e instalarse luego en las provincias, las regiones, las agencias del Estado e incluso en los Ministerios de la República. Esto no implica la desaparición de las instancias constitucionales actuales, sino que se trata de mejorar las condiciones para que el ciudadano común y corriente participe en la correcta e idónea gestión del país en el que le ha tocado vivir.
La tarea es larga y compleja. Pero si no comenzamos ahora a ponerla en marcha, seguiremos siendo víctimas y posibles adeptos a un retorno al sistema dictatorial del que tanto nos costó deshacernos.
