Reflexión sobre la situación política y social de Chile y la importancia de las ciencias sociales en la formación de las personas

En el contexto de los trágicos acontecimientos ocurridos el 12 de noviembre de 2024, en el incendio de un campamento ubicado en la comuna de La Florida, resulta lamentable lo que las familias afectadas tuvieron que experimentar. Sin embargo, lo que resulta aún más grave es la falta de seriedad política en la gestión de las autoridades locales de nuestro país. Es especialmente preocupante observar cómo el alcalde saliente, Carter, y el gobernador de turno se enfrascan en una disputa banal que no conduce a soluciones concretas, mientras representan a una clase política desconectada de las realidades de la ciudadanía chilena.

Este tipo de actitud, característica de ciertos políticos, quienes parecen actuar desde la ignorancia y la vanidad, buscando únicamente sus propios intereses personales, económicos y partidarios, ha contribuido significativamente a la crisis que vive nuestro país. La constante búsqueda de provecho individual, ignorando el bienestar colectivo, ha sumido a Chile en una espiral de confrontación política y social. Como señala Bauman (2013), vivimos en una sociedad que cada vez más se caracteriza por la «liquidez» de las relaciones sociales, en la que las personas y los vínculos se disuelven rápidamente, creando una desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía.

Hoy más que nunca, Chile parece estar dividido en dos bloques: uno, conformado por una clase política que maneja los destinos del país de manera opaca, corrupta y poco transparente, y otro, el chileno común, que día a día lucha por subsistir en un sistema económico y social que lo margina y lo condena a una existencia de sacrificio. En este contexto, los abusos son una constante: desde las malas prácticas en el manejo de los recursos públicos hasta el fortalecimiento de redes de narcotráfico y violencia, todo parece estar fuera de control mientras las autoridades parecen vivir en una burbuja de bienestar, ajenas a la realidad de quienes realmente hacen funcionar el país.

Esta polarización social, en la que las desigualdades son cada vez más profundas, es lo que Bude (2017) describe como una «sociedad del malestar», donde los ciudadanos perciben que el sistema ya no responde a sus necesidades y que las promesas de justicia social quedan constantemente postergadas.

El Estado, lejos de ser un agente de cambio positivo, ha sido cómplice en la perpetuación de esta situación. El abuso sistemático contra los trabajadores, los jubilados, los jóvenes, los estudiantes y las familias más vulnerables, sigue siendo una constante. La falta de acción efectiva por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar común refleja una desconexión alarmante con las necesidades reales de la población. La reciente aprobación de medidas como el «arreglin» con las ISAPRES, que no han resuelto el problema de fondo y han hecho caso omiso de las voces de quienes han sido víctimas del abuso de estas instituciones, es un claro ejemplo de cómo la clase política se ha distanciado de la ciudadanía.

Lo anterior revela que el Estado y sus actores están contaminados por la corrupción, la avaricia, la violencia y la ignorancia. La política, en lugar de estar al servicio del bien común, se ha convertido en un juego de intereses particulares, tanto a nivel nacional como internacional. Este panorama desolador ha llevado a que la ética y los principios de justicia y solidaridad queden relegados a un segundo plano, mientras las disputas internas por el poder y el beneficio personal se perpetúan. Bauman (2006) argumenta que este tipo de dinámicas produce lo que él denomina una «sociedad desechable», en la que las relaciones humanas y las estructuras de poder son vistas como transitorias, sin importarles el impacto a largo plazo en el bienestar colectivo.

Frente a esta realidad, surge la pregunta: ¿realmente les importa a nuestros líderes lo que ocurre en Chile? ¿Conocen las realidades del país como dicen conocerlas? ¿Son conscientes de que están transitando por el camino equivocado? La educación, entendida como un derecho fundamental, debe ser el eje de una verdadera transformación social.

Una educación igualitaria, inspirada en valores del humanismo laico y no mercantilista, es la clave para garantizar el desarrollo integral de nuestra sociedad. Según Adela Cortina (2007), «una educación integral debe formar no solo personas capaces, sino también personas responsables, que se comprometan con el bien común y la justicia social».

A lo largo de esta reflexión, queda claro que nuestras gobernanzas carecen de un enfoque adecuado basado en las ciencias sociales, las cuales son fundamentales para comprender y resolver las dinámicas de la sociedad. La ciencia política, la filosofía y las ciencias sociales deben ocupar un lugar preeminente en la formación de nuestros gobernantes, quienes deben actuar en función del bien común y no de intereses personales o partidarios. Es imprescindible recuperar el pensamiento ético y cívico, con una educación que fomente la virtud y la práctica del bien común, tal como lo propuso Aristóteles, si realmente aspiramos a que nuestra sociedad alcance una felicidad auténtica y duradera.

En este sentido, la educación debe desempeñar un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad. Martha Nussbaum (2010) destaca que «la educación debe proporcionar a los individuos las herramientas necesarias para el ejercicio de su ciudadanía, fomentando capacidades de razonamiento crítico, empatía y compromiso con la justicia», cualidades imprescindibles para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y democrática.

En definitiva, Chile necesita una reorientación en sus valores y principios. La sociedad debe abrazar los ideales del altruismo, la filantropía, la igualdad, la fraternidad y la tolerancia, no como un concepto abstracto, sino como un compromiso tangible en cada acción y decisión política. Solo a través de una profunda transformación ética y social podremos aspirar a un país más justo e igualitario, donde todos los ciudadanos, sin distinción, puedan vivir con dignidad y esperanza.

En definitiva, Chile enfrenta una necesidad urgente de reorientar sus valores y principios fundamentales. Este proceso de transformación no puede ser superficial ni coyuntural, sino que debe estar enraizado en una reflexión profunda sobre los pilares que sostienen nuestra sociedad. La actual crisis de identidad, las crecientes desigualdades y la desconexión de los ciudadanos con la clase política requieren que los valores tradicionales, a menudo entendidos de manera abstracta, sean reconsiderados y redefinidos como principios operativos, presentes en cada decisión y acción del día a día. No se trata de discursos vacíos ni de promesas de cambio, sino de un compromiso concreto que se traduzca en políticas públicas inclusivas, una educación que promueva la equidad, y una cultura política basada en la empatía y el respeto mutuo.

La sociedad chilena debe abrazar los ideales del altruismo, la filantropía, la igualdad, la fraternidad y la tolerancia, no como conceptos teóricos que se mencionan en debates intelectuales, sino como principios prácticos que orienten las interacciones humanas y las decisiones políticas en todos los niveles. El altruismo, entendido como la disposición a priorizar el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio, debe ser la piedra angular de una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos. Un Estado que realmente se preocupe por la justicia social debe estar dispuesto a atender las necesidades de los más vulnerables, no como un acto de caridad ocasional, sino como una obligación ética y política.

De igual manera, la filantropía debe dejar de ser una acción aislada de generosidad y convertirse en un principio estructural en la organización de la sociedad. En este sentido, no hablamos solo de individuos ricos que donan su fortuna, sino de una mentalidad colectiva que considere el bienestar común como la base de nuestra organización social. Como señala Martha Nussbaum (2010), “la filantropía no puede ser solo un acto de bondad individual, sino un compromiso institucional y estructural que promueva la igualdad de oportunidades para todos”. La filantropía debería reflejarse en políticas que busquen erradicar la pobreza, la exclusión y las disparidades en acceso a la educación y salud, pilares fundamentales para el desarrollo humano integral.

La igualdad, por su parte, es mucho más que una formalidad legal; debe ser un principio real que garantice que todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual o condición social, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. En Chile, la igualdad real está aún lejos de alcanzarse, y es necesario un cambio en las estructuras económicas y sociales para asegurar que nadie quede atrás. La igualdad no solo se trata de eliminar discriminaciones, sino también de proporcionar a cada individuo lo necesario para desarrollar su potencial, algo que, como sugiere Adela Cortina (2007), solo puede lograrse si “la sociedad promueve un entorno donde todas las personas tengan los recursos y las oportunidades necesarias para alcanzar sus sueños y aspiraciones”. Esto implica una educación pública de calidad, políticas de inclusión laboral y la promoción de derechos laborales equitativos.

La fraternidad, entendida como la solidaridad profunda entre todos los miembros de la sociedad, es el valor que puede garantizar la cohesión social en tiempos de polarización. La fraternidad no debe ser una mera palabra sin sustancia; debe convertirse en un lazo efectivo entre ciudadanos, comunidades y el Estado. Este lazo se nutre de la empatía, de la comprensión de las realidades del otro, y de la disposición para actuar no solo en beneficio propio, sino también en favor de los demás. Oswald Wirth (1971) destaca que la fraternidad es un principio esencial para la creación de una sociedad armónica, donde los individuos reconocen que sus destinos están entrelazados y que el bienestar colectivo es la base del progreso individual.

Finalmente, la tolerancia se erige como un valor indispensable en una sociedad plural y diversa como la chilena. En lugar de tolerar la diversidad de manera pasiva, debemos aprender a apreciarla y promoverla activamente. La tolerancia implica una apertura genuina hacia las diferencias, pero también una disposición para aprender de ellas y enriquecerse mutuamente. Sin tolerancia, cualquier sociedad condena a sus miembros a la fragmentación y a la perpetuación de conflictos. En palabras de Bauman (2006), “la tolerancia no se reduce a la mera coexistencia de diferencias; implica un respeto activo hacia la diversidad, que solo puede desarrollarse en una sociedad que valore profundamente la dignidad humana de cada individuo”.

La tolerancia en Chile debe ser vista como la base para la construcción de un tejido social cohesionado, donde el respeto mutuo sea la regla, no la excepción. Solo a través de una transformación ética y social profunda será posible que Chile avance hacia un país más justo e igualitario, donde todos los ciudadanos, sin distinción alguna, puedan vivir con dignidad y esperanza. Esta transformación requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta las comunidades locales, pasando por las instituciones educativas y el sector privado. El cambio debe comenzar con la educación, pues como sostiene Nussbaum (2010), “la educación tiene el poder de transformar a la sociedad, no solo en términos de conocimientos, sino también en términos de valores, actitudes y comportamientos”. De este modo, debemos fomentar una educación que no solo prepare a los jóvenes para el mercado laboral, sino que también los forme en los valores que sostienen una sociedad democrática, justa y solidaria.

Sin embargo, frente a todo lo anterior cabe preguntarse ¿Qué ocurre con quienes se autodenominan demócratas? ¿Conocen realmente el significado de la democracia? ¿Comprenden que esta es una manifestación de las ciencias sociales y el rol que cumple en la formación integral de las personas?

Georges Brudeau, el destacado ensayista político francés, inicia su reflexión sobre la democracia afirmando: «La democracia es hoy una filosofía, una manera de vivir, una religión y casi accesoriamente, una forma de gobierno». En efecto, considero que la democracia constituye el único sistema de gobierno capaz de perfeccionarse a sí mismo mediante el libre ejercicio de una crítica responsable, pacífica y con altura de miras. Restableciendo su verdadero papel como el mejor sistema de gobierno, el Estado puede cumplir con sus objetivos de realización material y espiritual para las personas. Sin embargo, en la actualidad, quienes se presentan como seudo-demócratas, provenientes de todos los sectores políticos, fomentan lo contrario, vulnerando los intereses superiores de la sociedad en su conjunto.

Desde mi formación profesional en ciencias sociales y como abogado, puedo afirmar —y muchos lectores coincidirán conmigo— que lo expuesto en los párrafos anteriores constituye una de las principales causas del estallido social reciente, un fenómeno hoy desestimado y desacreditado por una parte significativa de la clase política. A pesar de ello, nuestra sociedad sigue siendo una olla a presión que parece estar cada vez más cerca de estallar nuevamente. Hasta ahora, no se han implementado los cambios exigidos por la ciudadanía, y la clase política, nuestras gobernanzas y la élite encargada de ello no han asumido su responsabilidad. Los procesos constituyentes no eran un fin en sí mismos y, dado su fracaso, corresponde ahora enfrentar los problemas estructurales de fondo.

Indudablemente, ha faltado educación, una educación que, según René Hubert, tiene el deber de salvar nuestra humanidad. Hubert señala en su Historia de la Pedagogía: «El deber actual del hombre es salvar su humanidad, el poder de invención de sí mismo, superando todas las fuerzas materiales que tienden a su servidumbre. Como en tiempos de Platón, como en el siglo del Renacimiento, como en la época de Rousseau, el problema de la educación es todo el problema del destino del hombre: de su destino en la naturaleza, en la sociedad y según el espíritu».

Ningún sector ha estado a la altura de abordar el tema de manera sustantiva. Hemos desperdiciado una gran oportunidad para alcanzar un consenso sobre las bases de una sociedad más digna, justa y pacífica. Esto no sorprende, considerando que la paupérrima clase política ha priorizado intereses particulares, desvirtuando principios fundamentales que inspiraron la República y el Estado de Derecho, cuyo objetivo debería ser trabajar por el bien común de todos, y no de unos pocos.

A partir de estas reflexiones, resulta evidente que la relevancia de las ciencias sociales en la formación de las personas es clave para comprender lo que ocurre en nuestro país. La verdadera educación —aquella que integra valores y principios humanistas, no mercantilistas— es fundamental para cimentar una sociedad ética y moral. Solo así podremos construir una comunidad justa, fraterna e inclusiva, una sociedad chilena en la que cada individuo, como pasajero de este barco llamado Chile, se sienta valorado y representado por un Estado que resguarde los derechos de todos, sin distinción de pensamiento socioeconómico, político o religioso. Debemos exigir que se garantice a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones la posibilidad de desarrollarse en una sociedad basada en valores humanistas y solidarios. Qué urgente resulta hoy el retorno a las ciencias sociales como una herramienta esencial para lograrlo.

Finalmente, como lo expresa Enrique Santos Discépolo en su tango Cambalache: «Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador… ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor!». Una frase que, unida a los versos de Luis Alberto Spinetta en Bajan —»Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo…»—, nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad y las acciones necesarias para transformarla.

En conclusión, la reorientación de los valores de Chile es más que una necesidad; es un imperativo moral y social. Solo a través de la implementación concreta de estos ideales en la vida cotidiana, en las políticas públicas y en las instituciones educativas, podremos aspirar a una nación en la que cada individuo pueda vivir con la dignidad que le corresponde por derecho, libre de las barreras impuestas por la desigualdad y la discriminación. Solo entonces, Chile podrá convertirse en una sociedad verdaderamente justa, inclusiva y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

Luis  Olguín Popovic, ensayista, escritor, abogado. Magister LLM en Derecho Regulatorio Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister en Derecho Procesal Universidad Central.

Referencias Bibliográficas:

Bauman, Z. (2006). La sociedad desechable: Las consecuencias humanas de la globalización. Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2013). Vidas desperdiciadas: La modernidad líquida y sus consecuencias. Editorial Crítica.

Bude, H. (2017). La sociedad del malestar: Cómo los problemas sociales se convierten en problemas privados. Editorial Taurus.

Cortina, A. (2007). La ética de la razón y la pasión: Los fundamentos de la moral. Ediciones Istmo.

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la educación superior debe ser un bien público. Editorial Katz.

Wirth, O. (1971). La iniciación y los secretos de los símbolos: Estudios de la tradición esotérica. Editorial Edaf.

Luis  Olguín Popovic

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