Rubén Farías Chacón
Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, (UCV-1969); Licenciado en Filosofía y Educación, (UCV-1969); DEA y
Doctorado en Geografía Aplicada de la Universidad de Alta Bretaña (1979),
Rennes-Francia.
A lo largo de la historia, la humanidad ha evidenciado que la existencia de pueblos y culturas ha requerido siempre un esfuerzo constante de organización. Si bien cada época ha tenido sus particularidades, el propósito de alcanzar niveles razonables de desarrollo ha permanecido invariable, incluso frente a desafíos, sacrificios y episodios de sufrimiento que han marcado el pasado y que subsisten hasta el presente. No obstante, el paso del tiempo ha permitido el logro de estándares cada vez más elevados para promover una convivencia más armoniosa dentro de la diversidad que nos define.
Hoy, en cambio, el escenario de los acontecimientos actuales en el ámbito de la política internacional relativa a la organización de los pueblos y sus intencionalidades representa una provocación preocupante para la estabilidad las naciones, sean éstas las que lideran esta visión como las que pudieran ser intervenidas.
Consideraciones generales
Nuestro país no está exento de esta realidad ni de sus posibles repercusiones. El desarrollo integral, entendido en su forma más amplia, aún no logra reflejarse plenamente en el presente que vivimos. Pese a ello, hemos comenzado a despertar gradualmente desde un estado de vida que, a lo largo del tiempo, percibía los eventos externos como algo distante, hasta otro que asumía nuestra estabilidad interna como una condición de vida permanentemente inalterable. Poco a poco, sin embargo, hemos tenido que reconocer una perspectiva distinta, de múltiples circunstancias en las que se desarrollan las dinámicas socioculturales de los pueblos. Estas han trascendido fronteras y culturas, dejando una huella distintiva que inevitablemente también influye sobre nosotros, queramos admitirlo o no.
En este escenario, las nuevas tecnologías tienen un rol fundamental al permitir una difusión de información significativamente más rápida. Lo que antes requería horas o incluso días, ahora puede lograrse de forma casi inmediata. Esto ayuda a superar las barreras para acceder al mundo de hoy, gracias a la inmediatez que estas técnicas comunicacionales aportan tanto al ámbito del conocimiento como a los nuevos estilos de relaciones humanas que surgen a partir de ello.
Cuando una sociedad no se prepara para enfrentar un devenir incierto y riesgoso, las realidades que las circunstancias generan actúan como catalizadores de crisis, provocando profundos impactos en su estabilidad y desarrollo. Esto puede derivar en una falta de adaptación frente a los cambios y en una creciente vulnerabilidad ante futuros desafíos, limitando el progreso colectivo y comprometiendo la calidad de vida, tanto individual como social.
En un escenario marcado por la incertidumbre, es crucial que la sociedad reflexione sobre el nivel de desarrollo logrado y sus proyecciones. Asimismo, es necesario examinar con detalle los aspectos vinculados a la gestión política realizada, así como los acontecimientos que han influido en su evolución durante los distintos periodos gubernamentales. Este análisis es esencial para promover una comprensión más profunda sobre la relevancia de participar activamente y el impacto que dicha contribución tiene en el fortalecimiento del proceso democrático del país.
En este contexto, surge la pregunta: ¿cómo se puede entender el concepto de RESPONSABILIDAD CIUDADANA?
Habitualmente se lo define como un conjunto de principios que sustentan la formación de una sociedad democrática, en la cual las personas no solo gozan de derechos, sino que, además, tienen la obligación de involucrarse en los asuntos públicos. También se le considera como un valor que promueve la cooperación, la responsabilidad individual y el compromiso con el entorno inmediato, o bien, como una cualidad que denota la disposición a integrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y en la participación en la gestión comunitaria.
Más, esta responsabilidad no puede ejecutarse de forma efectiva si las personas carecen de los conocimientos básicos imprescindibles para comprender la relevancia de estas acciones en la convivencia y en la creación de una sociedad más justa y sostenible.
El compromiso cívico y democrático trasciende el acto individual de cumplir parcialmente con la obligación ética y legal de votar. Refleja, además, una cultura que valora el papel esencial de cada individuo en la toma de decisiones mediante procesos electorales organizados para elegir a quienes se considere sean los más idóneos para orientar el destino de una sociedad. También incluye la participación en temas globales y/o específicos que aborden las necesidades derivadas de distintas situaciones de la vida, todo dentro de los tiempos y condiciones que establece la normativa legal.
La importancia de la participación ciudadana requiere de la existencia de un sistema de gobierno consecuente entre la realidad y las necesidades del desarrollo nacional. En este sentido, la DEMOCRACIA como sistema político y social de gobierno, es una forma de vida cuyo valor se basa en la participación de las personas en las decisiones que afectan a sus países.
Su poder reside en el pueblo que, a través de elecciones libres y justas de sus representantes y actuando directa e indirectamente, toman decisiones en el marco de la estructura organizacional definida conforme a la ley y orientadas a la solución de los problemas que provocan las diferencias de visión y sus interpretaciones.
En una democracia, la calidad de un sistema político depende en gran medida del grado de responsabilidad que los ciudadanos asumen al seleccionar a sus representantes. Estos, a su vez, deben orientar el ejercicio de sus funciones hacia la consecución del bienestar común de la sociedad. Lo contrario, la “apatía política” manifiesta la indiferencia en el conocimiento de los asuntos públicos lo que genera indecisiones al momento que la persona debe ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes.
Todo ciudadano responsable contribuye a fortalecer la democracia y a promover su estabilidad. En cambio, cuando este compromiso no se manifiesta, las diferencias ideológicas tienden a intensificarse, fomentando la división. Ello ocurre, especialmente, cuando las prioridades individuales prevalecen sobre las necesidades colectivas, restando importancia a lo público como una vía esencial para resolver los desafíos asociados al desarrollo nacional.
Las bases de un gobierno democrático en cuanto a su organización se fundamentan en varios principios esenciales. Entre ellos, destacan:
La soberanía popular, donde el poder reside en el pueblo y se ejerce por medio de representantes elegidos libremente. El respeto a los derechos humanos, garantizando libertades fundamentales como la de expresión, igualdad y asociación. La división de poderes, estableciendo un equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para evitar abusos. El Estado de Derecho, donde todas las personas, incluyendo los gobernantes, están sujetos a las leyes. La participación social, que fomenta el involucramiento activo de los ciudadanos en la toma de decisiones de los procesos electorales transparentes y justos.
Lo mencionado anteriormente constituye un marco valórico esencial para la democracia, diseñado para asegurar su adecuado funcionamiento y salvaguardar los derechos tanto individuales como colectivos. Esto resulta indispensable para evitar que su legitimidad sea cuestionada o su existencia vulnerada. De no cumplirse tales principios, su ausencia conduce a objetivos totalmente diferentes, que suelen fomentar divisiones capaces de desencadenar múltiples conflictos.
A pesar de lo expuesto, la democracia ha sido afectada por severos riesgos entre los que se destacan algunas de las siguientes situaciones:
La polarización política, caracterizada por un marcado sectarismo ideológico, reduce significativamente la posibilidad de diálogo entre quienes tienen diferentes perspectivas. Esto limita la oportunidad de comprender otros puntos de vista sobre los acontecimientos, deterioran progresivamente la estabilidad política a través de abusos de poder, desigualdades, tensiones sociales, pérdida de confianza ciudadana, o prácticas autoritarias y corruptas que afectan negativamente las relaciones sociales, dificulta la construcción de consensos y convierte los desacuerdos en enfrentamientos personales cargados de animosidad injustificada. Todo ello provoca, en muchos casos, actitudes que ofenden la dignidad de los demás. La corrupción definida como el uso indebido del poder, de la autoridad o de recursos tanto públicos como privados para obtener beneficios personales, económicos o grupales, perjudicando el bienestar colectivo. Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran el soborno, el desvío de fondos, el favoritismo, el nepotismo y otras acciones que violan la ética y las leyes, comprometiendo la transparencia y la justicia en diversos sistemas e instituciones.
La desinformación que se refiere a la propagación de falsedades, erróneas y /o engañosas, cuyo propósito es manipular, confundir o influir en las personas. Lo más preocupante de este hecho es su impacto en las nuevas generaciones, ya que contribuye a una notable disminución en la calidad educativa, lo cual genera importantes consecuencias para la formación de individuos responsables tanto en el presente como en el futuro. Las noticias falsas, muchas de las cuales provienen de las redes sociales distorsionando la realidad, manipulando la opinión pública y debilitando la confianza en las instituciones. Se trata de contenidos que simulan ser noticias reales, pero cuya práctica constituye un latente peligro que influye en la percepción de la realidad que se vive.
En atención a lo anterior, es importante no desconocer que la democracia, además de ser una forma de vida, constituye una CULTURA CÍVICA DE LA CONVIVENCIA[7] que debe sustentarse en una reconocida calidad educativa basada en el respeto a las diferencias. Esto abarca tanto el conocimiento como la particularidad de sus áreas de especialización, así como las responsabilidades individuales y sociales en sus múltiples dimensiones. Su entendimiento se alcanza de manera gradual, a través de las acciones y compromisos que cada uno asume a lo largo del tiempo, representándose como el protagonista de su propia vida.
No obstante, ¿cómo se explica que la realidad haya evidenciado lo opuesto, mostrando un evidente desinterés hacia el compromiso con lo público? Es probable que esta actitud esté vinculada a la falta de confianza en las instituciones, la insuficiente transparencia en la administración pública o al desencanto provocado por la percepción de que los hechos delictivos serán un continuo difícil de superar.
Replantearse este dilema invita a entender cómo cada ciudadano puede jugar un papel en fortalecer el compromiso con lo público y revitalizar su valor en la sociedad. Si esta es una realidad, ¿qué factores han contribuido, entonces, a subestimar lo público? Al parecer situaciones muy concretas derivadas de las deficiencias de la gestión se refieren a los siguientes temas, entre muchos otros:
Incertidumbre ante las reiteradas demostraciones de violencia y recurrentes casos de corrupción. Desconexión entre los ciudadanos y los líderes políticos, muchas veces percibidos como ajenos a las necesidades reales de la población. El auge de un exacerbado individualismo, impulsado por los actuales cambios socioeconómicos, que relegan a un segundo plano, el compromiso con lo público. Una de las causas más destacable, sin embargo, es la falta de buena educación que considere la enseñanza del civismo en todos los niveles educativos y las diferentes materias que se ocupan de este conocimiento. Por cierto, que a esto debe agregársele los ingresos que los profesionales de la educación perciben comparativamente con el resto de las responsabilidades laborales, todo lo cual, limita el interés y la participación de las personas en los variados estudios y actividades relacionadas con el desarrollo socioeducativo en general.
Lo mencionado permite plantear una afirmación clara y persuasiva: si estos conceptos no han sido integrados en la comprensión de una cultura de responsabilidad ciudadana, cualquier discurso al respecto queda como reflejo del deterioro de dicha cultura. Esto implica, además, una falta de dirección adecuada y la omisión de fomentar estos saberes desde los primeros años de educación escolar.
Al desconocerse los fundamentos del civismo como conocimientos y actitudes que demuestran respeto, consideración y compromiso hacia la convivencia en sociedad, es difícil saber, reconocer, aplicar y practicar normas y valores que favorezcan la armonía, la cooperación y el bienestar social. Tanto el sector público como privado deben comprender que la «apatía cívica» es el resultado de un debilitado sistema valórico de educación que afecta severamente en capacitación, perfeccionamiento, especialización y todas otras formas de relaciones interpersonales. Este hecho debiera ser progresivamente superado por una cultura cívica responsable, incorporando estas temáticas en todos los planes de estudios. Así se podrá, entonces, contribuir al desarrollo del pensamiento crítico de los ciudadanos; analizar, cuestionar y tomar decisiones informadas y debidamente comprobadas, ejerciendo, de este modo, sus derechos y responsabilidades con criterio y compromiso.
El desafío es, por lo tanto, asegurar una educación de calidad, que tome como referencia el conocimiento del pasado, facilite la comprensión y adaptación a los cambios actuales, y contribuya al fortalecimiento y la continuidad de los sistemas democráticos en el futuro.
Bibliografía:
[7] https://www.google.com/search?q=Gabriel+Almond+y+Sidney+Verba+
