La ruptura de un acuerdo de gobernabilidad firmado en 2022, que en un marco de convivencia cívica alternaba la presidencia del Senado entre la oposición y el oficialismo (correspondiéndole, a partir de marzo de 2024, la testera a un partido de gobierno), corrobora en la ciudadanía la opinión de que la principal motivación de senadores, diputados y políticos en general, parece ser la concentración de poder —partidario o sectorial—, aunque de manera creciente se hace notoria también la ambición personal por las ganancias que el poder puede redituar.
La frivolidad con que se tratan los acuerdos, y el desparpajo con el que se desechan, explican la escasa cohesión que impera en el seno de los partidos políticos, lo que dificulta cada vez más la concreción de pactos y convenios necesarios para la confección de leyes que, aun existiendo unanimidad respecto a su urgencia, se ven permanentemente trabadas por las intransigencias de la polarización ideológica. La política de acuerdos establecida durante el primer gobierno de la Concertación (1990-1994), pese a que adoleció de falta de voluntad y, sin duda, falta de convicción para implantar cambios más significativos en el sistema político y económico del país, sí proporcionó la estabilidad política y la gobernabilidad necesaria para una posterior consolidación democrática, todo esto bajo la sombra autoritaria que imponían las Fuerzas Armadas con Pinochet aún en el mando, a fin de que no se desdibujara el modelo establecido en la Constitución de 1980.
En la actualidad, sin que se perciba una presión externa que amague nuestro sistema democrático, la amenaza pareciera ser endógena, manifestada en la incapacidad de muchos políticos para representar genuinamente a los ciudadanos, mostrándose sordos ante las demandas más sentidas de la población. Esto constituye la mayor causa de desaprobación de las instituciones públicas por parte de la gente, la convivencia en un sistema que permite la libre elección de autoridades en sus distintos niveles, pero que, una vez electos, no se les exige respuestas consecuentes a las promesas electorales, particularmente en lo que se refiere a igualdad social y derechos fundamentales. Es más, cuando se trata de concretar soluciones estratégicas para el país, como es actualmente el caso de la reforma previsional que toca poderosos intereses privados —los de las AFP—, el trámite legislativo deviene tristemente en espectáculo. En vez de una discusión clara, transparente y pedagógica en cada una de sus fases, de modo que la ciudadanía comprenda los distintos aspectos de la ley y las dificultades objetivas que es necesario superar, se cae en una pirotecnia de argumentaciones y contrargumentaciones vacías de contenidos, con la amenaza permanente de “suspender el debate” —es decir, postergar la discusión tanto cuanto sea posible— apelando a las más nimias razones o levantando artificialmente litigios que nada tienen que ver con el proyecto en curso.
Nadie ignora que tras las artimañas conducentes a torpedear cualquier proceso electoral de corte progresista se encuentran los sectores económicos de mayor envergadura del país, capaces incluso de jugar con recursos fuera de la ley. Sin ir más lejos, el caso Hermosilla dejó en evidencia la capacidad de ese sector de corromper a altos funcionarios de instituciones del Estado —llegando incluso al soborno—, lo que inmediatamente deja fuera del equilibrio democrático a la gente común. El riesgo de intervención de los poderosos en la orientación de las leyes está latente no sólo en Chile, lo observamos en la mayoría de los países latinoamericanos y frecuentemente también en Europa, constituyendo un índice importante en el deterioro de la calidad de la democracia.
No sólo la concentración del poder y la riqueza sin contrapeso ciudadano constituyen un peligro para las democracias representativas. De pronto empezamos a sentirnos rodeados de democracias que en distintos países se rigen formalmente por leyes constitucionalmente aprobadas, mostrando, sin embargo, una tendencia crecientemente autoritaria en el uso de los mecanismos de resolución de sus conflictos internos.
Para el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, “2023 fue un año poco auspicioso para la democracia, ya que el puntaje promedio global cayó a su nivel más bajo desde que comenzó el índice en 2006. Menos del 8% de la población mundial vive en una democracia plena, mientras que casi el 40% vive bajo gobiernos autoritarios, una proporción que ha ido aumentando en los últimos años” (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/).
La información que entrega dicho estudio es altamente preocupante y muy lejana de la trivialidad con que nuestros políticos y analistas de los medios escritos y la TV local intentan explicar lo que es inexplicable para la mayoría de la gente: por qué tienen que pasar meses y años sin que se encuentren formas de consenso para los proyectos que la gente tanto espera para mejorar su calidad de vida. La respuesta de la derecha siempre gira en torno a la misma idea central: la protección del modelo económico y el apego al dogma neoliberal.
Entonces los sufridos televidentes, los pocos que aún mantienen expectativas respecto a la aprobación de tal o cual proyecto de ley, paulatinamente van engrosando aquel sector de ciudadanos que, en todos los países, manifiestan sentimientos de desafección y desencanto con la política. Porque, lo que algunos políticos parecieran querer transmitir es que no se necesita un debate muy profundo ni documentado para resolver los gravísimos problemas que aquejan nuestra sociedad; que no incide en la improductividad legislativa la deficiente formación intelectual que revelan muchos parlamentarios, especialmente en materias de derecho, economía, historia social, etc.; y que en la búsqueda de soluciones a problemas objetivamente complejos, no es necesario crear una atmósfera de respeto ni concurrir con la aptitud ética esencial para un diálogo constructivo, sopesando los puntos de vista de los oponentes y la disposición a ceder en alguna parte del interés propio.
La degradación de la política, la tendencia universal a trasgredir las normas y principios que rigen el sistema democrático, el usufructo personal o grupal de los derechos y garantías que la ley otorga a los legisladores exclusivamente para su protección en el ejercicio de su mandato, son fenómenos que abonan entonces la apatía política y el desinterés por participar en el proceso democrático. Esta realidad va espesando un caldo de cultivo en la que un número creciente de líderes, de diversos países, se sienten llamados a imponer soluciones populistas y consecuentemente autoritarias.
Thomas Piketty es un joven economista francés, doctorado por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y en Economía, por la London School of Economics. Su principal foco de atención académica se sitúa en torno a la redistribución de la riqueza y las desigualdades económicas. Sus afirmaciones, basadas en estudios de todas las economías del mundo, lo han llevado a concluir que “el combate por la igualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad”. Es autor de 18 obras, entre las que destacan El capital en el siglo XXI (2013) y Capital e ideología (2019), con un impacto mundial de ventas y alta repercusión académica.
“La desigualdad moderna se caracteriza por un conjunto de prácticas discriminatorias entre estatus sociales y orígenes étnico-religiosos que se ejercen con una violencia mal descrita en el cuento de hadas meritocrático. Esta violencia nos acerca a las formas más brutales de la desigualdad, de las que decimos querer apartarnos. Basta citar la discriminación a la que se enfrentan las personas que no tienen domicilio o provienen de ciertos barrios u orígenes. Pensemos también en los migrantes que se ahogan en el mar…” Piketty Th. (2020). Capital e ideología. Editorial: Paidós. España
Piketty expresa la urgente necesidad de mejorar la calidad de la democracia e insta a la academia a realizar investigaciones rigurosas y análisis fundamentados sobre cuestiones económicas y sociales, que constituyan bases coherentes para elevar el debate legislativo y político en general. Sus libros deberían ser lectura obligada para nuestros actuales dirigentes políticos.
Autor Artículo
Gonzalo Herrerra G.
